martes, 15 de julio de 2014

Los delincuentes también pueden ser dependientes.

La promulgación a mansalva de leyes antisociales que está llevando a cabo el Gobierno es, como todos sabemos, un tema muy preocupante. Asimismo, existen otras situaciones que se están produciendo que me parece que tienen la misma relevancia pero reparamos menos en sus consecuencias. Me refiero a la asunción por parte de empleados públicos o no de órdenes o directrices provenientes de la administración en general o de nuestro jefe inmediato en particular, que no están contempladas en ninguna normativa o incluso pudieran resultar contrarias a la misma. Si lo primero supone una agresión al Estado de Bienestar, lo segundo implica un atentado a nuestro propio Estado de Derecho. 

Hace algunos meses se me presentó un caso de un interno que tenía serias dificultades para desenvolverse solo en las actividades básicas de la vida diaria, era mayor de sesenta y cinco años, no disponía de domicilio y en fechas próximas finalizaba su condena. Organizar la salida de esta persona para que pudiera disponer de unas mínimas condiciones humanas era el principal objetivo a conseguir.

En un principio, intenté implicar a la familia en el caso, lo cual resultó imposible (y en cierto modo comprensible) dado que el delito por el que cumplía condena el interno se produjo en el seno de la misma. Ningún miembro de dicha familia estaba dispuesto a perdonarlo, mucho menos a colaborar en la adaptación de su vida en libertad. Descartada la opción de ser atendido en su propio medio pensé en el apoyo institucional y de ahí la necesidad de solicitar una valoración de dependencia con la intención de gestionar después el ingreso en residencia.

Fuente: www.eldiario.es
Tras el envío de la solicitud a la Delegación Provincial se esperó el plazo correspondiente sin recibir contestación alguna. Llamé a la Delegación y me respondieron que no iban a valorar a una persona que estaba en prisión porque se supone que en esta institución ya cuentan con los medios necesarios ¡Toma, y en una residencia también y no por ello se deja de valorar a una persona que pueda encontrarse en situación de dependencia!

Ante la negativa de la Delegación nos encontrábamos con un problema grave: dejábamos en la calle a una persona presumiblemente dependiente, sin hogar, sin apoyo familiar y con escasos recursos económicos. Cuando pensamos en una persona en situación de dependencia creo que a casi todos se nos viene a la mente un adorable anciano de pelo blanco con una profunda ternura en la mirada, pero no. No todos los dependientes tienen el mismo perfil, también hay dependientes delincuentes o dependientes que han pasado su vida autónoma amargando la existencia a las personas de su alrededor.

La Ley de Dependencia supuso un importante avance para los Servicios Sociales porque implicaba el establecimiento de un derecho subjetivo; si se cumplen una serie de requisitos se garantizan una serie de atenciones tendentes a la promoción de la autonomía y la atención a la dependencia que a esta persona, por el hecho de haber cometido un delito en el pasado, se le estaba negando. Nos guste o no la ley ha de ser aplicada a todos los ciudadanos por igual de lo contrario se estaría actuando con una discrecionalidad que podría sentar un peligroso precedente. Lo próximo podría resultar la obligación de demostrar una trayectoria intachable para ser objeto de atención, pero bueno no demos ideas.

El interno rehusó emprender acciones legales o a elevar una queja al Defensor del Pueblo, supongo que por miedo a represalias o por el descreimiento en las instituciones. Finalmente, tuvimos que recurrir a los Servicios Sociales Comunitarios de su población, los cuales, aunque reacios en un principio por la alarma social que este hombre despertaba en la localidad, accedieron a tramitar varias ayudas de emergencia social y unas pocas horas de ayuda a domicilio hasta finalmente ser valorado por Dependencia. Unos innecesarios miles de euros después, esta persona se encuentra por fin en una residencia pero la práctica de no valorar en las prisiones continúa, al menos en mi provincia. Supongo que en esto de los más desfavorecidos también hay clases. 

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